DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE DESPIDOS ECONÓMICOS EN LOS GRUPOS DE EMPRESA

Una nueva competencia y un primer balance

La reforma laboral en sus diversas fases ha llevado, por fin, el enjuiciamiento de los despidos colectivos ante el orden social. De momento han entrado en la Sala IV del Tribunal Supremo 53 recursos sobre despidos colectivos. De ellos tienen ya sentencia 10 y están en curso otras cuatro. Lo que sorprende en un primer examen de estas sentencias es el alto porcentaje en el que se plantean problemas relativos a los grupos de empresas. De las diez dictadas cuatro abordan el tema como prioritario y en otra queda latente. De las que están en curso todas tratan también de los grupos con distinto alcance.

¿Cómo es posible este protagonismo tan destacado de los grupos de empresa? En primer lugar, porque la fórmula del grupo de empresas parece haberse generalizado en nuestro panorama societario y no sólo en las grandes empresas. No hay estadísticas al respecto, pero las estimaciones van de 50.000 a 100.000 grupos. La segunda razón podría relacionarse con un cierto descuido en la organización jurídica del grupo que quizá está generando bastantes problemas en la práctica. Hay además una tercera razón y es que los grupos tienen en nuestro ordenamiento una regulación manifiestamente insuficiente y la doctrina judicial ha podido advertirse alguna confusión.

Algunas aclaraciones previas sobre los grupos de empresas

Antes de entrar en el examen de la doctrina de la Sala IV sobre los grupos de empresas conviene aclarar algunos conceptos. El grupo de empresas es una forma jurídica – quizá ya hegemónica – de organización del capital que presenta dos notas características: 1) la independencia jurídica de los miembros, en los planos de la personalidad, el patrimonio y la responsabilidad y 2) la unidad de dirección. Como forma organizativa, refleja la evolución actual de la empresa capitalista, que, como consecuencia de las transformaciones económicas, ha pasado de un crecimiento interno en términos de tamaño a un crecimiento externo en términos de coordinación de unidades más reducidas y, por tanto, más eficientes.

Las formas de organización flexible siempre implican riesgos, en especial para los socios minoritarios y para los acreedores “débiles”, como son los laborales. De ahí que la solución de nuestro ordenamiento haya sido, por una parte, aceptar el grupo con todas sus consecuencias, pero adoptando determinadas cautelas para prevenir esos riesgos. Es importante precisar que no hay un concepto laboral de grupo de empresas y en este sentido es incorrecta la terminología que se ha popularizado contraponiendo el grupo laboral (patológico) al grupo mercantil (normal). Los grupos, como forma societaria, son siempre mercantiles y su patología puede ser tanto mercantil como laboral. Por el contrario, conviene tener en cuenta que el Derecho Mercantil maneja dos nociones de grupo de sociedades: 1) el grupo por subordinación (vertical) del art. 42 CCom. EDL 1885/1, que es claramente predominante y que se funda en la unidad de dirección a través del control y 2) el grupo por coordinación (horizontal) del art. 78 Ley General de Cooperativas EDL 1999/62236, que puede caracterizarse por la unidad de dirección a través del acuerdo.

[icon name=”icon-arrow-right”] La evolución de la doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo sobre los grupos de empresa y su reconstrucción en la Sentencia de 27 mayo 2013 EDJ 2013/142865

 a)    La doctrina tradicional y sus problemas

La formación inicial de la doctrina se produce al principio de los años noventa con dos sentencias claves, la STS de 30.1.1990 EDJ 1990/835 y la STS de 3. 5.1990 EDJ 1990/4657, que parten de la aceptación del grupo como una forma organizativa válida, admitiendo, por tanto, la personalidad jurídica y la esfera propia de responsabilidad de cada sociedad integrante del grupo y excluyendo la posición del grupo como empresario. Esta aceptación del fenómeno va acompañada, sin embargo, del reconocimiento de que en el funcionamiento del grupo pueden producirse desviaciones abusivas que deben corregirse a través de la extensión de la responsabilidad a o del reconocimiento de una posición empresarial compartida por parte de los miembros del grupo. Se trata de los llamados elementos adicionales por oposición a los elementos conceptuales que definen el grupo. Sin embargo, a partir de la STS de 30.6.1993 se va a producir alguna confusión en la medida en que algunos elementos definitorios – en concreto, la dirección unitaria o la manifestación externa de unidad – se proponen como elementos adicionales de responsabilidad.

Así se va formando, normalmente sin efectos decisorios, una fórmula doctrinal que ha provocado cierta desorientación y cuyo carácter contradictorio queda patente en algunas sentencias cuando después de afirmar que “la dirección unitaria de varias entidades empresariales no es suficiente para extender a todas ellas la responsabilidad”, pues es un dato “determinante de la existencia del grupo empresarial, no de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas”, se enumera como elemento adicional para extender la responsabilidad al grupo “la apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección”, siendo ésta última un elemento definidor del grupo y la primera una mera manifestación externa de éste.

b)    Del mantenimiento de la doctrina tradicional en la Sentencia de 20 marzo 2013 EDJ 2013/41764 a su reformulación en la Sentencia de 27 mayo 2013 EDJ 2013/142865

La STS de 20.3.2013 EDJ 2013/41764 contiene el primer pronunciamiento de la Sala IV en el ejercicio de su nueva competencia sobre los despidos colectivos. El despido se había producido en la sociedad dominante (Talleres LG, SL) de un grupo de cierta complejidad del que formaban parte 9 sociedades. La sentencia de instancia había declarado nulo el despido por defectos en el desarrollo del periodo de consultas (insuficiencia de la información y de la documentación aportada e infracción de la obligación de negociar), condenando a todas las empresas del grupo. Se formulan dos recursos. El primero de la empresa N combate la extensión de la responsabilidad. No es un recurso problemático, pues N es una entidad artificial sin trabajadores y sin actividad propia que se limitaba a facturar las operaciones de Talleres LG, utilizando el personal de ésta, con lo que la extensión de la responsabilidad se funda en ese carácter artificial y en la existencia de confusión de plantillas: todos los trabajadores que prestaron servicios en N procedían de TL, aunque no consta que fueran todos los despedidos.

El segundo recurso lo formulan la empresa dominante y otras seis demandadas, quedando fuera del recurso las otras dos. La sentencia contesta, en primer lugar, el motivo sobre la infracción del art. 51 ET EDL 1995/13475, confirmando los defectos de falta de información. Pero en el segundo motivo, que era el que tenía interés desde la perspectiva de la responsabilidad del grupo, no se entra en el fondo – el problema de la responsabilidad de las filiales menos implicadas -, porque se trataba de un motivo de error de hecho que fracasa y que no se acompaña de “ninguna censura jurídica que se proyecte sobre los aspectos jurídicos relacionados con el grupo de empresa”. Al hilo de estas decisiones, la sentencia comentada deja constancia del criterio tradicional al reiterar la doctrina de las sentencias de 26.1.1998 EDJ 1998/680 y 4.4.2002 EDJ 2002/27100, en las que aparecen la unidad de dirección y la apariencia externa de unidad como elementos adicionales a efectos de la extensión de la responsabilidad, pero, una vez más, sin efectos decisorios. Hubiera sido interesante una decisión sobre el motivo porque quizá la condena en la instancia de las filiales recurrentes podría resultar cuestionable.

La reformulación va a producirse con la STS de 27.5.2013 EDJ 2013/142865. Se trata de una sentencia de una importancia capital, porque en ella no sólo se eliminan de forma nítida y tajante las confusiones que habían ido produciéndose en la doctrina tradicional en torno a los elementos adicionales, sino que se precisa el alcance de esos elementos, de acuerdo con las orientaciones de la doctrina científica. Se trataba del despido colectivo en una empresa cabecera de un grupo que estaba vinculado con otro, con lo que podría hablarse de una especie de super-grupo. La sentencia resuelve que la obligación de aportación de los documentos contables no puede extenderse al segundo grupo, porque no concurren los elementos para la extensión de la responsabilidad empresarial y tampoco se cumplen las exigencias del art. 6.4 del Reglamento aprobado por RD 801/2011 EDL 2011/95560. Se reitera la regla general, a tenor de la cual no basta la pertenencia al grupo para extender la responsabilidad en las obligaciones laborales, sino que para esta extensión es necesaria la presencia de “elementos adicionales” porque «los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son».

A partir de ahí se aclara que “la dirección unitaria de varias entidades empresariales no es suficiente para extender a todas ellas la responsabilidad, pues tal dato tan sólo será determinante de la existencia del grupo empresarial, no de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas” y se descarta también que el control pueda llevar a ese resultado , porque “ni el control a través de órganos comunes, ni la unidad de dirección de las sociedades de grupos son factores suficientes para afirmar la existencia de una «unidad empresarial», ni siquiera cuando “el administrador único de una empresa sea representante legal de otra, pues «la mera coincidencia de un administrador en ambas, aunque comportara una dirección unitaria, no determinaría sino la existencia de un grupo de empresas y no la responsabilidad solidaria de aquéllas”. Tampoco vale como elemento adicional la llamada apariencia externa de unidad, que es solo “un componente consustancial del grupo, en tanto que no representa más que la manifestación hacia fuera de la unidad de dirección que es propia de aquél”.

caminos

Los elementos adicionales quedan así determinados, pero también aclarados en su alcance. Se indica que “el funcionamiento unitario de las organizaciones empresariales, tiene una proyección individual [prestación de trabajo indistinta] o colectiva [confusión de plantillas] que determinan una pluralidad, pero sólo “para las diversas empresas que reciben la prestación de servicios”. En este sentido la STS de 25.6.2009 EDJ 2009/166020 ya había aclarado que “los fenómenos de circulación del trabajador dentro de las empresas del mismo grupo no persiguen una interposición ilícita en el contrato para ocultar al empresario real, sino que obedecen a razones técnicas y organizativas derivadas de la división del trabajo dentro del grupo de empresas; práctica lícita siempre que se establezcan las garantías necesarias para el trabajador, con aplicación analógica del art. 43 ET EDL 1995/13475. En cuanto a la confusión patrimonial, no es identificable en la esfera del capital social, sino en la del patrimonio y se concibe como una situación de “promiscuidad en la gestión económica” que no debe confundirse con las relaciones de colaboración entre las empresas del grupo ni con las participaciones en el capital. Por último, el abuso de la personalidad jurídica debe relacionarse con actuaciones fraudulentas o con el abuso de la personalidad jurídica.

[icon name=”icon-arrow-right”] Una divergencia importante: la aceptación de las consecuencias jurídicas del grupo versus el concepto material de empresario en la sentencia de 25 septiembre 2013 EDJ 2013/271305 y su voto particular

El caso resuelto en la Sentencia de 25 septiembre 2013 EDJ 2013/271305 no da mucho de sí, sin duda porque el recurso presentaba importantes deficiencias de técnica casacional y parecía claro que faltaban los elementos adicionales para apreciar una posición empresarial unitaria. Pero se está abordando un caso en el que la empresa dominante en el grupo posee el 99,97 % del capital de la empresa que había procedido a los despidos, y en relación con este punto señala que “ese simple dato de participación económica por llamativo que pueda parecer, … carece de relevancia a los efectos que aquí interesan”. La razón es que, para la sentencia, esa participación, “que siempre se produce de forma absoluta (100%) y con normalidad en las sociedades unipersonales, no tiene efectos ni para provocar por sí misma una extensión de la responsabilidad, ni para atribuir una posición empresarial”, pues no consta confusión de plantillas, ni el control de capital en el porcentaje indicado equivale a confusión patrimonial, la cual, como dijo la STS de 27.5.2013 EDJ 2013/142865, requiere una “promiscuidad en la gestión económica”.

La sentencia EDJ 2013/271305 incluye, sin embargo, un voto particular, que se designa como concordante, pero comienza reprochando a la decisión mayoritaria la incongruencia de examinar el fondo tras apreciar defectos formales relevantes en el recurso. Es discutible que un eventual exceso en la motivación pueda configurarse como una incongruencia y en la jurisprudencia se encuentran muchos ejemplos de este tipo de “excesos” que operan muchas veces como mecanismos de seguridad. Pero lo importante es lo que viene a continuación, pues el voto afirma que precisamente para evitar ese efecto de falta de congruencia “no se va a argumentar … sobre la posible responsabilidad solidaria … de, al menos, alguna de las sociedades codemandadas, aunque no llegara a constituir un grupo empresarial a efectos jurídico – laborales”. Y a partir de ahí añade una reflexión en la que sostiene que, por encima del análisis formal – del grupo, pero sin duda también de cualquier sociedad capitalista con responsabilidad limitada -, “lo que importa es determinar quién sea el verdadero empresario” y ello “sin necesidad de acudir a las fórmulas del fraude de ley o del abuso de derecho”. Y el empresario, según la interpretación que el voto propone de los arts. 1 y 8 del ET EDL 1995/13475, es aquel en favor de “quien verdaderamente redundan los beneficios del trabajo”, pues “puede haber sociedades formalmente empleadoras que en realidad no son verdaderas empresas en el sentido jurídico laboral” en la medida en que actuarían como simples mecanismos de interposición. En realidad, lo que parece sugerirse es que en casos como el enjuiciado la sociedad dominante debería ser condenada.

La reflexión apunta a un tema muy conocido, el del empresario oculto que está detrás del que formalmente figura como tal. Pero ¿puede considerarse interposición el simple control del capital de una sociedad mediante la tenencia de acciones con los poderes de dirección que ello implica? Si fuera así, todo el edificio de la responsabilidad limitada de las sociedades capitalistas, que, como se ha dicho, constituye el eje de la economía capitalista se derrumbaría a través de una especie de levantamiento del velo sistemático, en el que no sería necesario descubrir detrás de ese velo ningún fraude o abuso de la personalidad jurídica, pues basta que a través del derecho a la participación en los beneficios se reciba la utilidad patrimonial del trabajo y que a través de las acciones pueda controlarse la administración de la sociedad. Pero si es así, ¿podría ser realmente empresario la persona jurídica a la que todavía sigue refiriéndose el art. 1.2 del ET EDL 1995/13475? Siempre habrá alguien detrás.

[icon name=”icon-arrow-right”] Una sentencia de cierre: el grupo crea una agrupación de interés económico

La STS de 19.12.2013 EDJ 2013/288908 tiene un doble interés. Por una parte, viene a consolidar la doctrina de la STS de 27.5.2013 EDJ 2013/142865 sobre los grupos de empresa y, por otra, resuelve un caso específico en el que el grupo constituye una agrupación de interés económico (AIE). Es conveniente comenzar con una breve descripción del caso. Existe un grupo de empresas, el grupo Q, que está integrado por la sociedad matriz C – en la que existe un centro autónomo de servicios centrales -, las sociedades gestoras de los centros sanitarios y una sociedad G dedicada a la gestión administrativa, fiscal e informática de todas las empresas del grupo; sociedad que en un determinado momento se constituyó como agrupación de interés económico (AIE) con participación variable de todas las sociedades del grupo y con la función de asumir la gestión administrativa, fiscal e informática del grupo. El grupo – es decir, sus sociedades – comienza a ir mal por reducción de su actividad con pérdidas significativas. Se adoptan medidas de reorientación de la actividad, con ventas de “buena parte” de las sociedades “sanitarias” y el cierre de la AIE, lo que da lugar al despido colectivo que se impugna.

La sentencia de instancia desestima la demanda y frente a ella el recurso alega la existencia de un grupo de empresas patológico por concurrir unidad de dirección y apariencia de unidad, además de confusión patrimonial y confusión de plantillas. La sentencia desmonta estos argumentos, primero desde la teoría general del grupo de empresas y luego mediante un examen del régimen jurídico propio de las AIE. Reitera así la doctrina de la STS de 27.5.2013 EDJ 2013/142865, resumiendo los elementos de delimitación del grupo y los de la extensión de la responsabilidad en los términos a que ya hemos hecho referencia.

En la aplicación de estos elementos se afirma que la unidad de dirección supone la existencia del grupo, pero no determina la extensión de la responsabilidad a los miembros de aquél. Por su parte, la apariencia externa de la unidad es solo “la exteriorización” natural del propio grupo. En cuanto a la confusión patrimonial, la sentencia califica de “extravagante” el argumento del recurso según el cual existiría tal confusión desde el momento en que ha sido la dirección del grupo la que ha decidido el cese de la actividad de G. La sentencia responde que, dado el carácter instrumental de G como AIE, es lógico que si sus pérdidas han de ser cubiertas por las sociedades que la integran su cierre se contemple como una medida del plan de viabilidad de éstas. Por lo demás, es claro que decidir el cese de la actividad de una entidad no equivale en absoluto a mantener con ella una situación de promiscuidad económica. Piénsese en el caso de la disolución de las sociedades de capital: la deciden los socios en junta general, lo que no implica confusión patrimonial alguna entre ellos y la sociedad. La verdad es que sorprende el carácter algo primitivo de ciertas argumentaciones que circulan en el ámbito social.

Algo parecido ocurre con la confusión de plantillas. Se alega que los trabajadores de la AIE procedían de otra sociedad del grupo y que trabajaban realmente para las sociedades llevando la gestión administrativa, fiscal e informática de éstas. Pero la sentencia contesta que no estamos ante un fenómeno interpositorio, sino ante una circulación lícita dentro del grupo. A esto puede añadirse que el hecho de que los frutos del trabajo se transfieran por la AEI a las sociedades no equivale a que los trabajadores presten sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de aquéllas. Se trabaja para la AIE y es ésta la que trasfiere los frutos de trabajo a sus sociedades, lo que por lo demás se corresponde con su finalidad institucional, como más adelante se verá.

Se concluye, por tanto, que no concurren los elementos adicionales para la extensión al grupo de la responsabilidad o de la posición empresarial. Pero la sentencia pone de relieve la transcendencia de la propia naturaleza de la AIE demandada. Es ésta, conforme a la Ley 12/1991 EDL 1991/13662 , una entidad con personalidad jurídica y carácter mercantil (art. 1 EDL 1991/13662), que no tiene ánimo de lucro por sí misma, sino que se limita “exclusivamente” a desarrollar “una actividad auxiliar de la que desarrollen sus socios” (art. 3 EDL 1991/13662), con la finalidad de facilitar su actividad o mejorar sus resultados (art. 2 EDL 1991/13662). De ahí que no tengan necesariamente capital social, si bien la pérdida de esa garantía se compensa con un régimen de responsabilidad subsidiaria de los socios por las deudas de la AIE, que opera de forma solidaria entre éstos (art. 5 EDL 1991/13662). Este régimen jurídico lleva a la sentencia que ahora se comenta a afirmar, de acuerdo con la doctrina científica, que la AIE es una especie de “sociedad órgano” de un conjunto de empresas, lo que equivale a decir que la AIE más que un miembro del grupo es solo un instrumento de éste que está respaldado por la responsabilidad de sus miembros.

De esta forma, en la sentencia, junto a la línea de argumentación que opera sobre el grupo en los términos sin duda forzados por el recurso, hay otra argumentación superpuesta que insiste en la legalidad de la actuación de la AIE: la dirección externa por el grupo es propio de la fórmula instrumental de la AIE; la aportación de recursos no sería en ningún caso confusión patrimonial y la transferencia de los servicios a los socios formaría parte de la finalidad institucional de la entidad. Así la conclusión general de la sentencia subraya que “mal puede considerarse patológica una actuación empresarial que se ajusta con absoluta fidelidad a las prescripciones de la Ley 12/1991 EDL 1991/13662 y del Reglamento CEE 2137/85 EDL 1985/10012“. Y se añade que la finalidad perseguida por el legislador y por las normas comunitarias y en concreto “su peculiar regulación sobre la disolución de las AIE” resultaría anulada si se les aplicara el régimen previsto para los grupos de empresa. La sentencia clasifica este régimen de disolución de “extravagante en términos laborales”, lo que quizá pueda resultar excesivo a la vista de lo que, sobre la extinción de la personalidad jurídica del empresario social, dispone el art. 49.1 g) del ET EDL 1995/13475, precepto que remite a los trámites del art. 51 EDL 1995/13475 en relación con el art. 30 del Reglamento aprobado por el RD 1483/2012 EDL 2012/224880. La remisión se ha entendido que opera no solo sobre el procedimiento, sino también sobre las causas, en las que deberán encajarse las legalmente previstas para la disolución que puedan serlo, sin que la mera voluntad socios de extinguir la sociedad pueda operar como causa de extinción de los contratos de trabajo.

[label type=”label” style=”warning” title=”El acto de despido, la documentación contable y el enjuiciamiento de las causas”]

Cerramos esta exposición con una referencia a las sentencias que han abordado algunas peculiaridades de los despidos económicos en el grupo de empresas. Hay que reiterar, en primer lugar, que el grupo no es el empresario de los trabajadores que prestan servicios en las empresas en él integradas. Incluso en el caso de que se apreciase una pluralidad empresarial – normalmente por confusión de plantillas – lo que existe es una posición empresarial compartida por varias o por todas las empresas del grupo, pero no una actuación del grupo como empresario. En la STS de 27.5.2013 EDJ 2013/142865 se afirma con claridad que, conforme al art. 2 la Directiva 98/59 EDL 1998/47604 y a la TJUE 10.9.2009 (asunto AEK) EDJ 2009/189949 quien despide es la empresa del grupo que mantiene la relación laboral con los trabajadores afectados y ello aunque la decisión de despedir la haya tomado la sociedad dominante(6). Este criterio se reitera en la STS 19.12.2013 EDJ 2013/288908 afirma en su fundamento jurídico 7º 2 que no pude atribuirse “la cualidad de empresario a la empresa matriz de los grupos … aún para el caso en que la decisión extintiva fuese decidida por ella”.

De ahí el distinto alcance de la obligación de la aportación contable en los despidos colectivos en el grupo de empresa que puede verse en la STS de 23.5.2013 EDJ 2013/142865 . En el caso del grupo normal esa aportación es simplemente un medio de información sobre las relaciones económicas dentro del grupo que ha de cumplirse en los términos que establecen las normas reglamentarias (hoy el art. 4.5 RD 1483/2012 EDL 2012/224880). En el caso del grupo patológico que asume una posición empresarial plural esa obligación se desdobla: habrá que aportar la documentación contable de cada una de las sociedades que comparten esa posición y además la correspondiente al grupo, según la norma reglamentaria. En este sentido tiene gran interés la STS de 24.9.2013 (rec. 2828/12) EDJ 2013/280881 sobre la carta de comunicación de un despido objetivo económico, en la que se afirma que no es preciso incluir en esa carta una referencia a la situación de las restantes empresas del grupo, porque se trata de una posición empresarial compartida.

Esto nos está indicando algo más importante: que la causa económica ha de enjuiciarse como regla general en la empresa y que solo cuando el grupo actúa como empresario plural habrá que entrar en la consideración de la situación económica de otras empresas del grupo, pero solo en la medida en que asumen esa posición empresarial compartida (STS de 23.1.2007 EDJ 2007/8713). Cosa distinta es que para enjuiciar la situación económica de la empresa haya que tener en cuenta en determinados casos la situación del grupo, en especial cuando la situación de la empresa pueda derivarse de una estrategia del grupo que ha impuesto, con el correspondiente perjuicio, la subordinación del interés social al del grupo.