OPINION: POLITICA CRIMINAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. LA PROTECCIÓN PENAL

Cualquier reflexión de política criminal, pasa por la previa definición de cuál sea el bien jurídico que se requiere proteger con la intervención penal.

La norma de conducta que protege el bien seguridad es de naturaleza prohibitiva lo que determina la opción por un tipo de acción o comisión por omisión.

Podría enunciarse diciendo: se prohíbe causar estados de riesgo en las condiciones de desempeño de la actividad productiva.

[icon name=”icon-arrow-right”]DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE LOS TIPOS PENALES ARTS. 316 Y 317.

a)  El TS ha entendido en alguna ocasión que la concreta solución del CP de 1995, en su título XV del libro II, se justifica como mecanismo que busca proteger de manera individual los derechos fundamentales reconocidos a los trabajadores en la C.E (artículo 35 y 40), sin que constituya el bien jurídico protegido el orden socioeconómico.

b)  En lo que cabe encontrar fisuras es en la afirmación de que el art. 316 es un delito de PELIGRO CONCRETO que debe ser grave para la vida, salud e integridad física de los trabajadores, que alcanza su consumación por la existencia del peligro en sí mismo, sin necesidad de resultados lesivos, que de producirse conllevarían el régimen del concurso ideal (artículo 77 CP).

c)   Y lo considera un delito de OMISIÓN que exige que se ponga en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, sin que sea necesario que el peligro se concrete en una lesión efectiva puesto que el delito en cuestión es un tipo penal de riesgo…(TS 2ª 12-11-1998).

En definitiva podemos concluir que la integración del tipo penal con la normativa de prevención de riesgos laborales, sólo debe ser en relación con la infracción de los más graves preceptos cuya omisión es capaz de generar aquel grave peligro. Se está en consecuencia ante una infracción de una norma de seguridad que se ha reconvertido en tipo penal por la mayor lesividad que aquella infracción conlleva para el bien jurídico de la vida, salud o integridad del colectivo de trabajadores (TS 2ª. 29-7-2002).

Es decir que el tipo penal no exige que la vida o la integridad física de uno o varios trabajadores haya sido afectada. Pero sí una proximidad entre esos bienes y el comportamiento. Por ello debe haber un concreto trabajador o varios concretos trabajadores cuya vida o integridad física haya corrido un riesgo.

Tal conclusión hace que el bien jurídico protegido sea la vida y la salud de los trabajadores, o, si se quiere, la indemnidad en términos de ausencia de riesgos, pero de trabajadores determinados y concretos en un tiempo y lugar determinado.

No hace falta un gran esfuerzo para levantar acta del general estado de frustración social ante la reiteración y gravedad de los casos de siniestralidad laboral. Ni de la repulsa que merece la perspectiva de que sea la parte débil la que sale mal librada en el desarrollo de la actividad productiva.

Se trata de reflexionar sobre si el punto de partida que implica esa concepción relacionada con el indiscutido fracaso, en cuanto a efectiva aplicación, de esas normas. Y si cabe encontrar alguna alternativa más eficiente sin perder por ello vigencia los principios constitucionales.